El siguiente artículo es réplica del publicado por Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV en el diario «El Economista» – Artículo Original
Existe un consenso social y político claro: la recuperación económica debe venir acompañada de las dos grandes transformaciones que la Unión Europea necesita acometer para seguir siendo relevante y próspera: la transformación digital y la sostenible. Los fondos del programa EU Next Generation son una iniciativa histórica y un esfuerzo de inversión pública sin precedentes. Pero son insuficientes, por sí mismos, para financiar el volumen de inversión que requiere la economía europea para abordar seriamente dichas transformaciones.
Con el escaso margen de maniobra que muestran las finanzas públicas nacionales en muchos Estados miembros, la inversión pública europea requerirá una co-inversión privada sustancial, que deberá ser financiada. Y esa financiación no podrá venir sólo de fuentes bancarias. Requerirá del concurso y participación ineludible del mercado de valores o del capital privado. La Comisión Europea ha cifrado en 350.000 millones de euros anuales las necesidades de la Unión para la transformación de su economía a una más sostenible, lo que supone para España (teniendo en cuenta nuestro peso en el PIB europeo) casi 30.000 millones de euros anuales durante el resto de la década.
No es factible ni sostenible financiar inversiones de este volumen en el sector privado recurriendo exclusivamente a financiación mediante recursos ajenos, es decir, deuda financiera. Cualquier banco o inversor exigirá un nivel de fondos propios que la empresa debe aportar o captar para mantener una estructura financiera sólida, viable y sostenible en el largo plazo, antes de otorgar nuevo endeudamiento. Es decir, sin incrementar los recursos propios de las empresas españolas será inviable, en términos agregados, incrementar sustancialmente la financiación. Existen tres vías para que una empresa incremente sus recursos propios: acumulando reservas derivadas de la generación de beneficios no distribuidos (no parece la situación actual de la economía española), formalizando ampliaciones de capital con la inyección de dinero nuevo procedente de sus accionistas existentes o abriendo su capital e incorporando nuevos accionistas en el mercado. El mercado de capitales es, pues, imprescindible para el éxito de la transformación de nuestra economía.
Son varios los modos en los que el mercado puede proveer de capital a las empresas españolas. El capital riesgo ha sido en los últimos años una fuente sostenida y pujante de fondos propios y probablemente lo seguirá siendo en los próximos ejercicios. Por otra parte, están las ampliaciones de capital en mercados bursátiles de empresas cotizadas. Como hemos observado en este último año y medio, estas han sido providenciales para hacer frente a los efectos de la pandemia en aquellos sectores más afectados por la misma. La capacidad de captar nuevo capital mediante emisiones secundarias, con importes de gran cuantía en un corto espacio de tiempo, ha demostrado la profundidad del mercado español de valores y las ventajas de ser una compañía cotizada en momentos de crisis e incertidumbre. Por último, las salidas a bolsa se han mostrado también en los últimos meses como una vía muy importante para algunos sectores, como el de energías renovables, que requieren de capital nuevo para poder crecer, transformarse y expandirse internacionalmente. Este año, las empresas españolas llevan captados unos 17.000 millones de euros de capital en el mercado bursátil.
Desde la otra cara del binomio inversión-ahorro, resulta evidente que la forma en la que las familias españolas canalicen los niveles de ahorro acumulados, determinará la rentabilidad a largo plazo de los mismos y la riqueza a con la que una población cada vez más envejecida afrontará las próximas décadas. Si los españoles no invertimos un porcentaje mayor de nuestros ahorros en renta variable, mantendremos exposiciones relativas excesivas a los activos inmobiliarios o a los depósitos bancarios, como ahora, y probablemente reduciremos nuestra perspectiva de renta disponible tras la jubilación.
La Unión Europea ha identificado hace tiempo estos objetivos en el proyecto denominado Capital Markets Union (CMU). La idea es simple: las empresas europeas tienen demasiada dependencia de la deuda bancaria (30% del pasivo frente al 10% de las estadounidenses) y poco acceso a los mercados de acciones. Al mismo tiempo, los ciudadanos europeos dependen en exceso del ahorro bancario e inmobiliario, y apenas se benefician del mayor potencial a largo plazo de la inversión en acciones. Necesitamos, pues, potenciar los mercados bursátiles y de capitales. Pero debemos hacerlo a escala europea, pues resultaría absurdo limitar las posibilidades de crecimiento y con ello la financiación empresarial al mercado nacional. Todas las economías desarrolladas recurren a la financiación internacional y la española no es una excepción.
Para captar capital no basta con proponérselo: hay que convencer a los inversores. Es necesario por tanto seguir insistiendo en el empeño de procurar que el mercado de capitales sea atractivo para los inversores. Esto es, que sea percibido como un mercado abierto al capital internacional, que reciba y atraiga a los inversores con normas estables y similares a las de los mercados más activos. Un mercado donde los inversores cuenten con un marco fiscal estable y homologable al de nuestros vecinos, y en el que se permita que los accionistas y ahorradores españoles reciban las primas de control que se planteen en ofertas de adquisición. Por ello, resulta natural que, cuando la normalidad retorne dejando atrás este periodo convulso, las restricciones a los movimientos de capital vuelvan a sus niveles pre-pandemia. La razón de todo ello no radica en tratar de favorecer los intereses de los inversores, sino en facilitar el flujo, a costes asumibles, del capital que las empresas españolas requieren, ahora más que nunca, para crear empleo e invertir en su transformación digital y energética.
A escala nacional, el Gobierno y el Parlamento han actuado para acomodar en la legislación societaria y de los mercados de valores nuevos instrumentos, como las acciones de lealtad, y han modernizado la normativa sobre ampliaciones de capital para hacerlas más ágiles y sencillas. Desde la CNMV, hemos contribuido a algunas de esas medidas y hemos hecho un esfuerzo importante para agilizar la captación de fondos de las empresas españolas que requieren verificación de folletos informativos, especialmente durante la pandemia.
Necesitamos reflexionar y actuar para favorecer que más pymes accedan al mercado de renta fija o al bursátil, valorando si es preciso estímulos fiscales para ello. También es importante fomentar que los inversores minoristas opten en mayor medida por invertir en acciones a través de esquemas colectivos y reducir los costes y los plazos necesarios para que una empresa acceda al mercado. El fomento de los mercados para pymes en crecimiento y el acceso al mercado mediante listings o SPACs, son ejemplos de la necesidad de considerar fórmulas novedosas respecto a las tradicionales. En cuanto a las SPACs, la CNMV ha analizado a fondo esta figura. Es evidente que presenta riesgos respecto a la información al inversor, los posibles conflictos de interés entre promotor e inversores o la transparencia de las condiciones de inversión, para lo cual hemos adoptado ya criterios de supervisión claros. No obstante, esta fórmula tiene encaje normativo en nuestra legislación actual y, si se despejan las dudas sobre algunas cuestiones como el tratamiento fiscal de la fusión, puede aportar una vía adicional para que algunas de nuestras empresas se decidan a salir a bolsa en España.
Corren tiempos difíciles y a la vez estimulantes y llenos de oportunidades, en los que es necesario revaluar los principios tradicionales, cuestionando los límites de lo que hasta hace muy poco parecía un único camino posible. Y la financiación empresarial no es ajena a ese proceso, máxime ante las necesidades que tenemos por delante. El reto es dar con el tono y el grado adecuados, de modo que se estimule que las empresas se financien más en los mercados sin poner en riesgo el respeto y la protección de los legítimos intereses de los inversores.
